PRONUNCIAMIENTO

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en el marco de  un Consejo Nacional de Presidentes de entidades afiliadas y, de
manera unánime, hace conocer a la opinión pública lo siguiente:
El centro de la atención del sector empresarial del país es la economía, el empleo y la generación de valor. En ese marco, nuestro
rol es invertir y promover desarrollo; para ello, es condición indispensable, la prevalencia del Estado de Derecho y la democracia
como pilares esenciales de la vida nacional. 
Nuestra vocación democrática y la importante contribución que realizamos al desarrollo socio económico del país, nos convoca a
pronunciarnos, en forma institucional y orgánica.
La Constitución Política del Estado refleja un pacto social entre todos los bolivianos, respecto de cómo constituir el poder político, el
ejercicio de éste y los derechos y obligaciones de todos los que compartimos un mismo destino en Bolivia: gobernantes y
gobernados. La soberanía reside en el pueblo y, se ejerce de manera directa y delegada, estableciendo el marco jurídico al cual los
bolivianos, democráticamente, nos hemos obligado.
En este marco, nos asiste la preocupación sobre las consecuencias de la inadecuada administración de justicia, reflejada en los últimos
fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, razón por la que demandamos que se garantice la fuerza, supremacía y
principios de la Constitución Política del Estado.
El desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado, no sólo afectan ese pacto supremo, sino que, generan
incertidumbre y falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado
como sociedad democrática.
La falta de credibilidad en la administración de justicia ha sido ratificada en la votación del 3 de diciembre, hecho que debe
llamarnos a todos los bolivianos a una profunda reflexión y a un trabajo concertado por restituir la confianza en el sistema. El
resultado de la votación, profundiza aún más la crisis del sistema judicial, dado que cuestiona la legitimidad de las autoridades electas
y, sobre todo pone en entredicho, un proceso que pudiera haber sido la base de una reforma estructural de la justicia boliviana. En tal
sentido, proponemos un gran acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial.
Reafirmamos, plenamente, nuestra esencia independiente de vínculos político-partidarios, como la base sustancial de la
legitimidad de la institucionalidad privada nacional, a la vez que, refrendamos nuestro derecho a expresar nuestra opinión sobre los
temas políticos cuando éstos afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad y, sobre todo, el bienestar del
pueblo boliviano.
La Paz, 06 de diciembre de 2017